El procurador general del Estado, César Siles, reveló este martes que hay 12 órdenes de aprehensión y tres aprehendidos por el caso de corrupción en Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), durante la gestión de Evo Morales.

"Son 12 personas investigadas, se expidieron 12 mandamientos de aprehensión", afirmó Siles en conferencia de prensa.

La autoridad, en ese sentido, explicó que, desde la pasada semana -cuando se dio a conocer la denuncia por los problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas que no pueden entrar en operaciones, afectando la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio y provocando un daño económico al Estado de más de Bs 425 millones-, la Fiscalía empezó las investigaciones correspondientes y el caso se investiga por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.

Especificó que en este caso son tres los hechos que se investigan. Primero, a la unidad solicitante que realizó las especificaciones técnicas mal elaboradas; segundo, la ejecución del contrato, la supervisión, fiscalización, mal realizada, y, por último, el mantenimiento que no se dio a las 18 piscinas evaporíticas.

Además, informó que también se investiga ocho contratos firmados con el Estado por casi Bs 186 millones con el Gobierno de Evo Morales, por la empresa Gerimax S.R.L., del Grupo Garafulic.

"Ese incumplimiento se debe al rol desafortunado y de franco quebrantamiento de la norma administrativa de la empresa Gerimax S.R.L.", afirmó.

El procurador general del Estado, en ese sentido, dejó en claro que Luis Alberto Echazú, el exministro de Minería y exdirector ejecutivo de YLB durante la gestión de Evo Morales, no es el único investigado ni aprehendido por este caso.

"No únicamente se encuentra aprehendido el señor Echazú, sino también fueron aprehendidos los señores Jorge F. M. y Pol Q. B., tres personas fueron aprehendidos hasta ahora en esta investigación (...) No es el único caso el señor Echazú, hay tres aprehendidos", insistió.

Precisamente sobre Echazú, que fue aprehendido el pasado lunes, afirmó que se lo investiga debido a que como gerente de YLP pudo haber hecho las correcciones a los errores para las piscinas evaporíticas, pero no lo hizo.

Siles evitó señalar si se pedirá la detención preventiva del exmkinistro, pero dejó en claro que el objetivo del Estado es sancionar a los responsables y tratar de recuperar el daño económico que se hizo al Estado por este caso.

"Vamos a agotar los esfuerzos como víctimas y querellantes para que se establezcan los responsables, se condenen a los responsables y se consiga la recuperación de este daño económico al Estado", aseveró Siles.

La semana pasada, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos presentó una demanda penal en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, que no pueden entrar en operaciones, afectando la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio. El daño económico se calcula en más de Bs 425 millones.

La demanda presentada es por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

La denuncia es resultado de una auditoría técnica interna a la construcción e implementación de las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio, en el complejo industrial del salar de Uyuni. Del total de piscinas no están en operaciones 18.

Se estableció el incumplimiento en las especificaciones técnicas en el grosor de membranas, deterioro de las geomembranas instaladas y el uso indebido de las piscinas industriales que producen sales.

Las falencias fueron detectadas en el reinicio de la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio en 2021, que, además, presentó fallas en su diseño.

YLB realizó una investigación exhaustiva durante dos años sobre las causas que ocasionaron el irreparable perjuicio económico y de gestión en el circuito industrial de piscinas que proveen materia prima al complejo del litio. Según la auditoría, el daño económico asciende a Bs 425.297.717,92.