Desde jueces, vocales o magistrados autoprorrogados, los funcionarios judiciales llenaron listas de postulantes al Órgano Judicial; a ese grupo se debe sumar el de los fiscales y exfiscales que vienen de esa misma cantera. Entre ambos, suman el 62,5% de 251 candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de acuerdo con una revisión de EL DEBER.

El panorama se complica si se toma en cuenta a los funcionarios de Gobierno, aquellos que vienen de instituciones del Estado, pero vinculadas con el Gobierno del MAS. Así los candidatos-funcionarios suman el 14,3%, de tal modo que, en conjunto, los funcionarios judiciales y gubernamentales tienen presencia en el 73,3% de la dos listas de postulaciones.

“Esto requiere de un análisis de fondo, relacionado a la expectativa de los profesionales del foro privado respecto a estas elecciones, al no haber confianza en cómo se maneja esta elección, habría que analizar por qué no se postulan, desde el ámbito privado, jóvenes, y creemos que el análisis habría que hacer respecto a las mujeres”, dijo la portavoz de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Claudia Terán.

En la otra acera están los abogados independientes y docentes universitarios que llegaron hasta las oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en busca de una oportunidad para llegar a los más altos tribunales judiciales del país. Según los ajustes realizados, el 9,1% de los candidatos son abogados particulares que no figuran en ninguna entidad o son especialistas en algún área del derecho.
Mientras que en el caso de los docentes universitarios —sin otro cargo como juez o fiscal— suman el 7,5% de distintas casas de estudios superiores. De tal modo que abogados independientes y docentes llegan al 16,6% de las listas.

EL DEBER realizó la verificación de los dos cuerpos judiciales —el TCP y el TSJ— porque se hizo imposible avanzar con los otros dos cuerpos, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, debido a la cantidad de datos que se tuvo que cruzar.

En porcentajes menores están aquellos exmagistrados que ya fueron autoridades nacionales y pretenden volver a ejercer un alto cargo. También figuran exministros o viceministros del Gobierno de Evo Morales, aunque ahora ya se dedican a ejercer su profesión como abogados libres.

Los indígenas

En el caso de los candidatos que se identifican como indígena originario campesino no ocuparon altos cargos y solo hacen referencia a puestos de autoridad en sus respectivas comunidades o como funcionarios en alguna entidad dependiente del Órgano Judicial.

Hay 33 postulantes, en el TCP y TSJ, que tienen esa identificación y dos de ellos llegarán, por mandato constitucional, a ser máximas autoridades judiciales del país. Sin embargo, hay una candidata valluna que arrastra su propia historia documentada.

Se trata de Amalia Laura Villca, natural de Potosí, abogada desde 2011, tiene su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE) el 28 de julio de 2023 como funcionaria del TCP. Esta joven abogada fue la kuraka del Ayllu Aysoka —la máxima autoridad del pueblo— de San Pedro de Buena Vista, de Norte Potosí.

Según su testimonio, estudió en la Universidad de San Simón de Cochabamba, siendo discriminada por sus propios compañeros que llegaron al punto de sustituirla de la foto oficial de esa universidad, pues ella insistía en vestir su atuendo tradicional y la cambiaron con otra estudiante.

Durante toda su carrera —cuatro años— se ganó la vida trabajando en un restaurante como ayudante de cocina y también vendía rellenos en las calles de Cochabamba hasta que terminó sus estudios y pudo titularse. Está registrada en el Ministerio de Justicia desde el 24 de septiembre de 2012, actualmente es funcionaria del TCP y quiere ser magistrada.

Números

De los 251 postulantes al TCP y TSJ, los funcionarios públicos de entidades gubernamentales son 36 y representan el 14,3%. Están asesores de cuatro ministerios, Gobierno, Justicia, Desarrollo Productivo y de Medio Ambiente. También de la Aduana, Procuraduría General del Estado (PGE), tres gobernaciones, Comibol, Ejército de Bolivia, Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), Dirección de Notariado, Defensoría del Pueblo, Gestora Pública y hasta de la Editorial del Estado.

De los 251 nombres registrados se pudo obtener que 105 son autoridades judiciales varones; 41 autoridades judiciales mujeres; 36 funcionarios públicos; 24 abogados libres; 19 docentes de universidades y 11 fiscales o exfiscales. Los restantes 15 son exmagistrados o exautoridades que intentan volver o los autoprorrogados que quieren preservarse en el cargo.

En el caso de las exautoridades figura, María Cecilia Rocabado Tubert, candidata al TCP por La Paz y fue ministra de Defensa Legal del Estado en 2009.
Samuel Tola Larico, según su hoja de vida, fue viceministro de Justicia y postula al TCP por La Paz. Otro candidato, Adalberto Rojas Arteaga figura como viceministro de Trabajo en 2008.

El proceso de selección, para que los aspirantes sean candidatos, debería concluir en mayo.