Las críticas sedispararon contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien manifestó que la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y establece condena para los feminicidas, “tiene ojos para ver a los hombres como enemigos”.

Desde el 1 enero de 2021 hasta el 1 de abril de 2024 en Bolivia, según cifras que manejan instituciones defensoras de los derechos de las mujeres y la Fiscalía, 300 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Uno de los últimos casos es de María M. M., de 45 años, quien fue asesinada este miércoles 18 en su vivienda, ubicada en el municipio cruceño de Warnes.

Las críticas a los dichos de Andrónico

Para la senadora Virginia Velasco, las declaraciones de Rodríguez confirman que está presente el "machismo patriarcal". “Con razón no nos han dado la presidencia del Senado a las mujeres, siendo que somos mayoría en esta Cámara”, cuestionó.

Subrayó que la Ley 348 es la conquista de muchas mujeres que han luchado para consolidar la norma que visibilizó el feminicidio y la violencia psicológica, entre otras agresiones. “Decir que es una ley antihombre no es correcto”, sostuvo.

Mujeres exigen justicia para las víctimas de violencia​

La manifestación de Andrónico ocurrió durante la lectura del orden del día de la sesión del miércoles, en el punto que se conoció sobre el proyecto de ley, que plantea la senadora Patricia Arce. Justamente, este documento busca modificar la Ley 348, de lucha contra la violencia hacia la mujer. 

"Es muy buena iniciativa, porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres; seguramente la senadora Andrea (Barrientos) no estará de acuerdo; pero, definitivamente, hay bastante abuso y nos consta, a mí me consta", lanzó el presidente del Senado. 

Luego, se manifestó a través de sus redes sociales indicando que ratifica su “convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la Ley 348”.

Al respecto, la diputada Pamela Alurralde, del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cree que el comentario del presidente del Senado  muestra su desconocimiento de la normativa social vigente. “Le recordamos que la violencia contra la mujer es una problemática social estructurada en el país, y con cifras alarmantes y desgarradoras. Para que tenga idea de la magnitud de este problema, solo el 2023 hubo en Bolivia más de 80 feminicidios, y hace un día una mujer fue encontrada muerta en Santa Cruz con signos de violencia”.

Insistió en que la Ley 348 es una norma de reivindicación de los derechos de las mujeres y un intento del Estado para dar respuesta a este problema. 

“En Tarija hemos socializado un proyecto de ley que va a beneficiar a los niños, niñas y adolescentes en la asistencia familiar. Estamos trabajando dentro de la Comisión de Derechos Humanos el resarcimiento a los huérfanos víctimas de feminicidio, pero también estamos trabajando en cuanto a la prescriptibilidad de los delitos sexuales. Estamos trabajando en bastante coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades”.

Por su parte, Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, también hizo conocer el rechazo y los cuestionamientos de organizaciones de mujeres que son parte de su institución. 

“Lamentamos muchísimo esa posición, sobre todo de una autoridad joven, de referirse a una ley que es fruto de la lucha de las mujeres y que busca prevenir y sancionar la violencia machista que existe en el país”, resaltó.

La senadora Velasco considera que esta y otras nomas “no están escritas en piedra, por lo que se pueden ajustar y llenar vacíos jurídicos”. Para ello, ve necesario trabajar con la sociedad civil, organizaciones sociales, movimiento de mujeres, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, es decir, todos los que puedan aportar y estén involucrados.  

Diversas propuestas de modificación de la Ley 348

“Creo que hay muchas propuestas de modificación, no solo de la Cámara de Senadores, sino también en Diputados y de la sociedad civil, por lo que se tiene que fusionar y trabajar para consolidar una ley sólida para que sea equitativa y para todos”, subrayó.

Sánchez también señaló que toda ley es perfectible, y recordó que hace dos años, desde las organizaciones de mujeres, se trabajó una propuesta para modificar la Ley 348 y el Ejecutivo entregó al Legislativo esa propuesta, que quedó 'dormida' en la Asamblea.

Uno de los temas que se busca facilitar es la aplicación en términos de los recursos, porque casi el 40% de la carga procesal que tienen los juzgados en el país son por casos de violencia contra las mujeres y hay una retardación de justicia. También se busca reforzar medidas de prevención, dar mayor responsabilidad a los municipios, entre otros.  

“Hace dos años que se presentó en la Asamblea y sigue durmiendo el sueño de los justos”, cuestionó.

Sánchez añadió que se discutió sobre las denuncias falsas, que es de lo que se agarran los movimientos de hombres, que están exigiendo modificación. “Los operadores de justicia son los que deben identificar y sancionar a quien haga una denuncia falsa”, señaló Sánchez.

“En la encuesta de prevalencia en contra de la violencia hacia las mujeres identifica que siete de cada diez mujeres en el país manifiestan que han sido víctimas de alguna forma de violencia en su vida”, remarcó la directora de la Coordinadora de la Mujer.

Lo que dice la Ley 348 sobre pensiones

Destacan el proyecto de ley para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, presentado por el Viceministra de Igualdad de Oportunidades, porque busca garantizar y acelerar los procedimientos para el pago de la asistencia familiar.

Según Sánchez, si bien lo determina la Ley 348, se busca establecer procedimientos específicos, dado que un 70% de los que están obligados a pagar una pensión, no lo hace a tiempo, busca excusas o finalmente no cumple. Además, destacó el proyecto de ley del Viceministerio, porque establece que los que no cumplen con esa obligación tampoco podrán ocupar cargos públicos.

Las voces de las que piden justicia

Lo que dice la Ley 348 sobre el feminicidio

Artículo 252

Se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia.

2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.

3. Por estar la víctima en situación de embarazo.

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con este una relación de amistad, laboral o de compañerismo.

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor.

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual.

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas.

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.

ARTÍCULO 13. (Acceso a cargos públicos)

 I. Para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. El Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - Siprase certificará los antecedentes referidos en el presente artículo.

II. Para la designación en cargos públicos que tengan relación con la atención, protección, investigación y sanción de casos de mujeres en situación de violencia, se requerirá, además, la formación o experiencia probada en materia de género y/o derechos de las mujeres.