Una norma del 15 de noviembre de 1887, promulgada por el entonces presidente Gregorio Pacheco, aún está vigente en Bolivia. Se trata de la “Ley de Inscripción de Derechos Reales” que regula el registro de bienes inmuebles. Su aplicación es obsoleta y trajo consigo corrupción, además de operaciones de “organizaciones criminales”, según dijo el mismo presidente Luis Arce Catacora.

Anunció así que su gobierno trabaja en una reforma de esta entidad que hasta ahora depende del Consejo de la Magistratura.

“No podemos demorar más la reforma al Registro de Derechos Reales, los avasallamientos y la afectación a la propiedad de los bolivianos tienen origen en una ley de hace casi dos siglos y en sistemas obsoletos e inseguros que solo garantizan el funcionamiento de verdaderas organizaciones criminales que se apropian de viviendas y terrenos de las familias bolivianas”, afirmó el Presidente en el mensaje que entregó al país, el pasado 8 de noviembre, cuando cumplió tres años de mandato.

El proceso de reforma parte de un anteproyecto denominado “Ley de Servicio de Derechos Reales”. La propuesta está en proceso de “socialización” y fue aprobada por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes), informó a EL DEBER el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

Una de las principales características que plantea la iniciativa es la aplicación de un sistema único de registro digital a partir de la plataforma ‘Wayna Wasyi’, que será un portal de servicios web mediante el cual se podrán hacer trámites virtuales o presenciales.

“El presidente (Luis Arce) ha pedido que trabajemos con la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) un nuevo sistema informático. Se está trabajando en este sistema desde hace más de un año, en un modelo de Derechos Reales y un sistema único que actualmente está en pleno proceso de depuración de datos erróneos”, explicó Silva. En este trabajo también interviene el Consejo de la Magistratura, una institución que es parte del Órgano Judicial del país.

Esta reforma no solo abarca la puesta en marcha de un sistema digital de registro único de bienes inmuebles, sino también tiene que ver con la forma de pago para realizar cualquier trámite puesto que este procedimiento será mediante los bancos. Con ello ya no habrá pagos en efectivo en las ventanillas de Derechos Reales y las autoridades creen que la medida ayudará a reducir los riesgos de irregularidades y corrupción.

“El Servicio de Derechos Reales adopta las herramientas de gobierno electrónico, como la interoperabilidad que consiste en la capacidad de comunicación entre distintos sistemas que conlleva el intercambio de información y datos entre las entidades del sector público, que involucra la simplificación, transparencia y digitalización de los trámites que se gestionan en derechos reales”, dice el artículo 21 del anteproyecto al que tuvo acceso EL DEBER.

Se plantea que el Wayna Wasyi tenga un sistema de interoperabilidad con seis entidades: La Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), donde se realizará la escritura pública para el registro del bien inmueble; el Servicio General de Identificación Personal (Segip) para identificar a la persona a cargo del trámite.

También se relacionará con el Servicio de Registro Cívico (Serecí); el Servicio de Impuestos Nacionales; el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), donde se pagan los impuestos municipales, además de los gobiernos municipales que están a cargo de los datos técnicos de las propiedades y los gobiernos departamentales.

Tuición

Según el Artículo 4 del anteproyecto de ley, el Servicio de Derechos Reales será una “institución pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, capacidad administrativa, financiera, legal, técnica y operativa” y estará bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Además, el Servicio de Derechos Reales, “estará en coordinación obligatoria con los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) conforme establece la Constitución Política del Estado en su artículo 298 Parágrafo II en su numeral 18”, dice el parágrafo II del artículo 4.

No obstante, Silva, subrayó que la tuición sobre la entidad está en proceso de socialización y análisis y solo es una propuesta de que el Ministerio de Justicia tenga la tuición plena del Servicio de Derechos Reales que ahora depende del Consejo de la Magistratura que es parte del Órgano Judicial. En este punto existen tres opciones: que esté bajo la tuición del Ejecutivo, que siga a cargo de la Magistratura o que se vuelva un servicio descentralizado que no dependa de ningún órgano.

“No se ha tomado todavía la decisión de que el nuevo modelo de Derechos Reales vaya a depender de alguna instancia del Estado. Ése es un tema que dijo el presidente: ‘eso es lo de menos. Primero avanzaremos con la propuesta de la ley, con el nuevo sistema, veamos la parte técnica, social y después que se tome la decisión si va a ser una instancia que dependa de algún órgano del Estado o que sea una unidad independiente’”, aclaró Silva.

Agregó que, al final, ésa es una decisión que se tomará en la Asamblea Legislativa cuando se presente el proyecto de ley. Se prevé un debate complejo sobre este ajuste que es sensible.

​​Piden reforma judicial y respeto a la propiedad

Legisladores de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos coincidieron que urge una reestructuración al Registro de Derechos Reales por su alto grado de denuncias de corrupción, sin embargo, plantearon primero que el Gobierno de Luis Arce cumpla con la reforma judicial y a la vez avale el respeto a la propiedad privada y garantice la seguridad jurídica en territorio nacional.

El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, dijo a EL DEBER que es suficiente reestructurar la oficina de Derechos Reales, sino en principio, que el Estado garantice la seguridad jurídica y se respete la propiedad privada al que tienen derecho todas las personas.

“Primero, el Gobierno tiene que dar seguridad jurídica a todos los que tienen una propiedad, porque lo que ha sucedido en este último tiempo es que militantes del MAS con apoyo de las autoridades del Gobierno han sido los que han estado alentando los avasallamientos a las propiedades privadas. Por lo tanto, aquí hay un tema central que es generar seguridad jurídica a la propiedad privada que es un derecho reconocido en la Constitución Política”, apostilló Urquidi.

La senadora Centa Rek de Creemos consideró que es necesaria y y es positiva la reestructuración de Derechos Reales, pero para lograr ese objetivo se debe tomar en cuenta “el factor humano” con jueces y fiscales que son los propician los hechos de corrupción.

“Por cuanto, una reestructuración de Derechos Reales debe pasar necesariamente por una reforma judicial integral e ir aterrizando en las diferentes instituciones que dependen del Órgano Judicial. Entonces, una reestructuración debe iniciar por tener autoridades en el Consejo de la Magistratura probas, independientes y transparentes”, dijo Rek en un contacto con EL DEBER.

A la consulta, de qué órgano debe hacerse cargo de Derechos Reales, ambos legisladores coincidieron en que la decisión debe ser producto de un debate y consenso con toda la sociedad.

Recurso ante el TCP

En tanto, el diputado del MAS Renán Cabezas recordó que hace dos años presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de 1887 y también pidió que el Órgano Judicial conmine al presidente de la Asamblea Legislativa a trabajar en un nuevo proyecto de ley “para que se tengan otros Derechos Reales”.

“Esa norma ya es obsoleta y más bien sirve para que los loteadores y gente vinculada al Órgano Judicial se apropie de nuestros bienes de forma ilícita. Derechos Reales es una de las instituciones más corruptas que hay en Bolivia”, cuestionó Cabezas a EL DEBER.

El legislador planteó que esta entidad pase a manos del Órgano Ejecutivo o de las alcaldías municipales pero con el compromiso de que hagan un registro transparente de los bienes de cada uno de los ciudadanos bolivianos.

Análisis

Hay que aclararle al presidente, don Luis Arce Catacora que él ha estado gobernando más de 15 años, él fue parte del gobierno de Evo Morales y como ministro de Economía y Finanzas Públicas era pues en ese momento que aplique medidas para evitar lo que él mismo se denuncia. Don Luis Arce Catacora es absolutamente responsable de estas mafias que se han instalado y que en 20 años no ha resuelto.

No sé si tiene que ver con una plataforma. Hay que cerrar Derechos Reales y hay que definir competencias para que de una vez las asuman plenamente los municipios en lo que les corresponde y ver en el tema rural qué es lo que se puede hacer porque esto no tiene solución.

Derechos Reales es una cueva de ladrones de hace tiempo, que el gobierno de Luis Arce y de Evo Morales no han sido capaces de resolver este tema. Es una más de las instituciones que son extorsivas, lo único que hacen es extorsionar a la ciudadanía con los trámites que se tienen en Derechos Reales.

Yo creo que más que reestructurar, hay que iniciar primero un cierre y luego habrá que evaluar competencias para ver qué les corresponde y cómo se debería resolver temas que los manejaba Derechos Reales pero que han servido solo para el chantaje y la extorsión.

Hay que resolver muchas cosas más que hablar de una reestructuración que suena más a demagogia y ponerle parches a un tema estructural y que tiene que ver con la manera cómo se registran las propiedades.

Hay que redefinir el rol que debería tener Derechos Reales y quién establece competencias a nivel urbano y rural. Ahí hay que reordenar todo el tema para ver las competencias municipales, hay que establecer qué se puede transferir a los gobiernos municipales para evitar estos trámites engorrosos.