El 20 y 21 de marzo, en la ciudad de Uyuni (Bolivia) se realizó el “Encuentro plurinacional de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades que viven en torno a los salares andinos”, este evento fue organizado por el Colectivo de Derechos Humanos “Empodérate”, el Consejo de Gobierno de la Nación Lípez y apoyado por el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y el Centro de Documentación e Información en Bolivia (CEDIB).

Participaron líderes y lideresas que pertenecen a las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Salta y Jujuy además de comunidades afectadas de Catamarca Argentina; también líderes de la Comunidad Quechua de Ollagüe, representantes de la Nación Colla de Chile, y las autoridades originarias de los Ayllus de Nor y Sud Lípez de Bolivia.

El primer día se presentaron investigaciones académicas que respaldan las afectaciones de los salares de Atacama (Chile) y del Hombre Muerto (Argentina) por la explotación del litio de más de 30 años. Han tenido un particular impacto las exposiciones de la PHD Ingrid Garcés Millas quien expuso sobre los “Impactos de la Explotación del Litio e Hidrología de los Salares chilenos”, del el Ing. Walter Díaz, Jefe de campo e investigación de CONICET sobre la “Huella Hídrica en la minería del Litio en salares argentinos”.

La PHD Patricia Marconi, Presidenta de la Fundación Yuchán de Argentina, hizo una reseña histórica del proceso de priorización, designación y ampliación de los sitios RAMSAR en los Lípez, por su parte la Magister Verónica Gostissa, coordinadora de OPSAL Argentina, explicó el proceso que permitió establecer un precedente constitucional en la Provincia de Catamarca - Argentina sobre el Salar del Hombre Muerto, que básicamente dispone la suspensión de nuevos contratos y operaciones mineras en resguardo del rio los patos (Antofagasta de la Sierra - Argentina).

Se presentaron los resultados de la primera investigación “acceso al agua y a la información de las comunidades del área de influencia del proyecto del litio en el sud oeste” realizada en el 2021 por CEDIB y EMPODERATE y se han conocido los primeros resultados de la investigación antropológica sobre “la identidad étnica de los Lliphi o Lipez, para el ejercicio de la libre determinación”. Además de los datos de “la demanda de recursos hídricos de la tecnología evaporítica que el gobierno boliviano desarrolla desde hace 15 años en el salar de Uyuni” (Investigación de CEDIB) y el “Inventario y caracterización de los Bofedales del Sud Oeste” (investigación de EMPODERATE) así se muestra la construcción de linea base sobre el agua, los humedales y la biodiversidad en el sud oeste de Potosí (Bolivia).

El líder de OPSAL Chile, Ing. Ramon Balcázar presentó una investigación recientemente publicada sobre el “Agotamiento socioambiental del Salar de Atacama” expuso una serie de recomendaciones dirigidas a al Gobierno de Chile para escuchar, considerar y respetar los derechos y conocimientos de los pueblos afectados por la extracción masiva del agua en un contexto de crisis socioecológica y de una supuesta transición energética donde las economías del Norte Global están imponiendo sus intereses económicos a costa de los territorios de nuestros países y territorios.

Durante dos jornadas y en 3 mesas de trabajo; las y los líderes indígenas de los 3 países expusieron sus experiencias de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios e indígenas. Un tema central fueron los daños que sufren sus comunidades por parte de la explotación de empresas mineras que están acabado con el agua dulce. Los daños de la explotación del litio en Chile y Argentina son enormes contra la biodiversidad. Cuatro líderes nacionales de la Nación Chichas, la Nación Qhara Qhara, de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Campesinos y de Áreas Protegidas (CONTIOCAP – TARIQUIA) explicaron los serios impactos que las comunidades indígenas y campesinas viven producto de la contaminación minera e hidrocarburífera en Bolivia.

Los líderes del Consejo de Gobierno de la Nación Lipez, explicaron su indignación por la falta de cumplimiento de la Consulta Previa en el marco de estándares internacionales, tanto para el emplazamiento del complejo industrial evaporítico en Lliphi, como por los impactos de la perforación de 11 pozos para el funcionamiento de la fábrica. También mostraron la profunda preocupación de la vigencia y aplicación del D.S.2311 que delimita las áreas reservadas para el Estado, más allá de la costra salina de los salares, afectando a los bofedales y áreas de pastoreo de las comunidades. Explicaron que conocidas las implicaciones e incertidumbres sobre el alcance de dicha norma, las comunidades han elaborado pronunciamientos de rechazo, reivindicando el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.

En este encuentro también se dialogó sobre las afectaciones por pasivos ambientales generados por la explotación minería e hidrocarburífera, así como la exigencia de respeto a las áreas protegidas como la Reserva Eduardo Avaroa (Salar de Chalviri y Rio Amargo) y la Reserva Nacional de Tariquía.

Los objetivos de este encuentro fueron ampliamente cumplidos y al finalizar el mismo se emitió un pronunciamiento1 que sintetiza las conclusiones2 de las dos jornadas de intercambio y aprendizaje mutuo. Se exige a los Estados del cumplimiento de la consulta previa, libre e informada, como derecho colectivo, bajo estándares internacionales. Y también se demandan acciones concretas para frenar la destrucción de los ecosistemas y el agotamiento de las fuentes de agua dulce, producto de la minería en los salares andinos.

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LIDERES Y LIDERESAS DE COMUNIDADES QUE VIVEN LOS SALARES ANDINOS

Argentina - Chile - Bolivia

“Por nuestros derechos al agua y al territorio”

1. Nuestra experiencia en los territorios de los tres países ha sido común, hemos visto que la aplicación de la consulta en minería y en hidrocarburos (Caso Tariquía Bolivia) fue distorsionada, en favor de las empresas. Es necesario exigir que en nuestros países se aplique la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en los términos que han sido establecidos en el Convenio 169 de la OIT y otros estándares internacionales. Queremos que se escuche a quienes habitamos estos territorios y no a terceros que no viven ni protegen nuestros derechos. A partir de experiencias concretas que tiene el Pueblo Colla en Chile, así como en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina, elaboraremos procedimientos propios de consulta previa, como respuesta a los procesos de consulta mal intencionados. La Consulta Previa, Libre e Informada es un derecho humano colectivo en el caso de Bolivia, el no tomar en cuenta a las comunidades indígenas va en contra del carácter “plurinacional” establecido en la Constitución Política del Estado.

2. Se acuerda elaborar un pronunciamiento que refleje nuestros problemas y exija la protección de los derechos de las personas y la biodiversidad en los territorios en donde se explota y donde se pretende explotar el litio y otros minerales. Enfatizar también, que las empresas transnacionales, violan en muchos casos los derechos de las mujeres y los derechos laborales de las y los trabajadores (Caso Empresa China en Catamarca Argentina), por lo que, es imperativo que los Gobiernos de los tres países tomen medidas para frenar estos abusos, la violencia en el trabajo y la discriminación.

3. La situación actual no puede permanecer invisible al mundo, se buscará la intervención de mecanismos de protección internacional como la Relatoría de DDHH de los Pueblos Indígenas, participar en las conferencias de Naciones Unidas sobre Biodiversidad y sobre Cambio Climático y otras estrategias, para que se escuche a las comunidades afectadas.

4. Es necesario que el Comité de seguimiento a la implementación de la Convención RAMSAR, verifique in situ las lagunas, los salares y nuestros bofedales que han sido declarados sitios RAMSAR. Esta instancia debe evaluar la situación de los ecosistemas en todos los territorios; ya que los tres Estados informan solamente de avances normativos y no de los riesgos a los que están expuestos.

5. En cada país, las empresas, públicas, privadas, gobiernos y terceras personas han perseguido y amedrentan a los defensores y defensoras ambientales Ante esta situación debemos mantenernos en alerta para denunciar cada caso. En tal sentido se exigirá el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y la máxima protección para quienes defendemos el agua, nuestros territorios y la biodiversidad.

6. Hemos compartido experiencias sobre los métodos de intervención de los operadores mineros que en todos los territorios; “siempre son los mismos”, entran a las comunidades, dividen, dañan, ilusionan a las personas y chantajean., Por eso es preciso que cualquier contrato, convenio, norma legal, proyectos, autorizaciones de uso y etc., pase por procesos transparentes de Consulta Previa Libre e Informada. Denunciamos que los Estados y los gobiernos no defienden a los pueblos sino que favorecen a los operadores mineros, vulnerando nuestro derecho a la libre determinación.

7. Analizamos los testimonios de pérdida de fuentes de agua dulce y degradación profunda de los ecosistemas, en cada uno de los territorios donde se explota litio. Por lo tanto, se considera una prioridad la protección del agua dulce y los sistemas hidrogeológicos que sustentan la vida de las comunidades.

8. Es importante proteger la biodiversidad, los glaciares y las aguas subterráneas, que nutren a los humedales andinos, los gobiernos de los tres países deberían realizar estudios técnicos hidrogeológicos completos y suficientes. Las decisiones relativas a minería, a los humedales andinos y al agua, deben tener una base científica sólida o aplicar el Principio Precautorio.

9. Los estudios hidrogeológicos e hidrológicos son escasos e insuficientes en nuestros países, por lo que no existe base científica pública que sustente las dimensiones de los proyectos de explotación. Dicha información es importante para el desarrollo de la Consulta Previa, Libre e Informada garantizando la sustentabilidad de la vida en nuestras comunidades.

10. La participación de las comunidades en la gestión del agua y de los territorios representa un patrimonio cultural de nuestros pueblos y, por ello, tenemos el derecho de que se respeten nuestras normas y conocimientos. Reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestras prioridades, nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.