En su discurso ante el plenario de las Naciones Unidas celebrado el 22 de abril de 2009, el entonces presidente Evo Morales convocó a los mandatarios del mundo a reafirmar el compromiso por respetar los derechos del planeta y de promover la armonía con la naturaleza. Más recientemente, el jefe de Estado Luis Arce propuso, el 11 de octubre de 2021, 10 acciones en el ámbito nacional e internacional para luchar en defensa de la Madre Tierra y ante la crisis climática ocasionada por el capitalismo.

En la práctica, en Bolivia no se cumplen las propuestas presentadas por las principales autoridades en defensa de la naturaleza, a pesar de que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado establece que “los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles”.

“La madre tierra es algo sagrado para la vida. Por eso realizamos sagradamente el rito, su homenaje a nuestros ríos, a nuestros cerros, a nuestros lagos, a nuestros animales, tantas músicas como expresión de respeto a la madre tierra”, mencionó Morales en su discurso de 2009 ante la ONU.

Sin embargo, 14 años después, la situación en el país es crítica. Un estudio presentado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz basado en 302 muestras de cabellos de varias personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte del país, estableció este mes que los niveles de mercurio en las aguas de los ríos y en la tierra están por encima de lo permitido. El Gobierno, como respuesta al problema, aprobó un decreto que regula su utilización de ese elemento metálico frecuentemente aplicado en la minería aurífera, principalmente en los ríos de la cuenca amazónica con mineros organizados bajo el sistema de cooperativas.

Los cooperativistas auríferos son aliados del presidente Luis Arce y se opusieron a su decreto supremo. Mientras, según el estudio de los pueblos indígenas paceños, siete de cada diez personas sometidas a pruebas establece que cuentan con un alto nivel de presencia de mercurio, con un promedio de concentración de 3,93 partes por millón (ppm). La valoración también señaló que los niños “son los más afectados” en estos casos, puesto que tienen problemas de aprendizaje y enfermedades constantes, además que las mujeres presentan problemas durante la gestación.

La senadora paceña de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena señaló que este caso “calificarlo como muy grave queda corto”. En su criterio, es una tragedia de unas dimensiones que actualmente es imposible de distinguir adecuadamente, pero se verá en su real dimensión con el paso de los años.

“Estamos en presencia de un Estado que genera un etnocidio por acción o por omisión, complicidades y gobernanzas. Están destruyendo a pueblos amazónicos del modo más cruel posible, destruyendo la vida de los niños. Eso acarreará responsabilidades a la larga, y no se librarán”, adelantó la senadora opositora.

A decir de la senadora Requena, está es la base “de la impostura del MAS, es un Estado extractivista, que encontró, precisamente, en eso una forma de mantenerse en el poder y genera estas contradicciones que ocultan con discursos impostores”.

El derecho al agua y la preservación de la naturaleza fue mencionado por el presidente Luis Arce en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023, que se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos, en marzo de este año.

“La Constitución Política del Estado boliviana reconoce al agua como un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía de los pueblos y sobre la base de los principios del Vivir Bien en armonía con nuestra Madre Tierra”, dijo en la ocasión el mandatario boliviano.

Alertó que “sin un cambio radical del rumbo que seguimos, producto de una crisis multidimensional del capitalismo, la humanidad y el planeta están amenazados de muerte”, afirmó.

Según el mandatario, este reconocimiento constitucional es fruto de la lucha del pueblo boliviano que, en el año 2000, se movilizó en la llamada Guerra del Agua, logrando por primera vez en la historia que se prioricen los derechos de los pueblos por encima de intereses de las empresas privadas que pretendían, a tono con el entonces vigente modelo neoliberal, convertir a este recurso natural en una mercancía más”, dijo.

En 2022 el diario español El País, reportó que Brasil y Bolivia concentran el 90% de la deforestación y degradación combinadas, entendidas como perturbaciones en el bosque.

Como resultado, la sabanización, proceso que lleva a un ecosistema a convertirse en llanuras con pocos árboles o muy distanciados entre sí, ya se está produciendo en ambos países, de acuerdo con el informe La Amazonia a contrarreloj: un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025, dado a conocer este lunes, en Lima, Perú, en la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas, organizada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

En el caso de Bolivia, la afectación superó las 240.000 hectáreas, un récord mayor al de 2017. Los puntos más intensos ocurrieron al sureste del país, donde los incendios arrasaron en los bosques secos, conocidos como ecosistemas Chiquitano y Chaco. Así lo refiere el reciente informe final del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), publicado este martes.

La pérdida de bosque primario en los nueve países que conforman la Amazonia ha recrudecido, incluso durante la pandemia. Así, el bosque tropical más extenso del planeta perdió 2,3 millones de hectáreas de selva en 2020, cifra superior a 2019 en un 17%. Esto, a su vez, supone el tercer peor registro de los últimos 20 años y el más alto en Bolivia, Ecuador y Perú.

Los últimos años fueron catastróficos. Según este reporte, solo en 2016 y 2017 hubo cifras superiores a la registrada el año pasado. Por orden de pérdida, la lista está conformada de la siguiente manera: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Eso implica que la selva brasileña perdió 1,5 millones de hectáreas, un 13% más que el año anterior.

Mientras tanto, la falta de definición sobre derechos de propiedad de la tierra y la inacción por parte del Estado en los enfrentamientos por avasallamientos son los factores que impulsan que este tipo de casos sigan en aumento y se tornen más violentos, como lo sucedido durante el mes de marzo de este año en el predio Santagro (provincia Guarayos), donde dos personas perdieron la vida a raíz de peleas en la zona. El director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, dijo entonces que “hay dos temas que sobre todo en Guarayos, fue el sexto caso de avasallamientos con enfrentamientos armados, con heridos y por lo menos el tercer caso donde hay fallecidos, pero no hay ninguna sentencia”, manifestó Vadillo, haciendo referencia a la impunidad que implica protección judicial a los invasores.