El exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, y exgerente de la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), fue retenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por casi 24 horas, después que el juez sexto anticorrupción de La Paz, Iván Córdoba, determinó su detención domiciliaria.

Recién, la tarde de este miércoles la exautoridad fue enviada a su domicilio en un radio taxi para que cumpla su arresto.

Echazú, junto a otras 11 personas, 10 exfuncionarios y una representante de una empresa privada, fueron denunciados por la actual gerente de YLB, la Procuraduría General del Estado y el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, por presuntos hechos de corrupción en la primera fase del millonario proyecto del litio para obtener carbonato de litio. La denuncia y el proceso penal se instalaron en cuatro días.

“¡Alberto no estás solo, c…, Alberto no estás solo, c…!”, empezaron a gritar a voz en cuello un grupo de militantes evistas, cuando Echazú salió de su encierro escoltado por varios policías, quienes en cuestión de segundos lo montaron en un radio taxi que lo esperaba con el motor encendido.

Echazú visiblemente demacrado, vestía la misma ropa con la que fue aprehendido la mañana del lunes en su domicilio, miró a la gente que fue a apoyarlo y los saludó con un ademán.

Después que la Policía llevó a Echazú a su domicilio, el exprocurador y abogado del MAS, Wilfredo Chávez, informó que se han cumplido todas las condiciones impuestas por la justicia para la detención domiciliaria y reiteró que la acción contra la exautoridad y los otros exfuncionarios de YLB, es un totalmente política.

“Él ha estado dos días privado de su libertad, es un acto totalmente injusto y político que ha tenido resultados funestos las últimas horas, pero nosotros vamos a continuar con la defensa y vamos a demostrar que la actuación que ha tenido el ingeniero Echazú ha sido a favor del país en un proyecto estratégico para Bolivia”, dijo Chávez.

El abogado defensor de Echazú se refirió al sorpresivo deceso de Juan Carlos Montenegro, que también fue gerente de YLB y uno de los denunciados por el Gobierno de Luis Arce. Montenegro dejó una carta póstuma en la que responsabiliza al gobierno nacional por el “rotundo fracaso” del proyecto de explotación de litio lo que derivó en un “grave daño al Estado”.

En la misiva aseguró que el actual gobierno abandonó el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se venía ejecutando hasta fines del 2019, y optó por una "falsa ilusión" de la extracción directa de litio, una tecnología que aún no es viable a gran escala.

En ese marco, el Gobierno a través de la Procuraduría empieza un nuevo proceso penal y acusa a Echazú y a los otros exfuncionarios vivos de YLB de un “grave daño económico” contra el Estado.