Después de 15 años de sucedido el asalto al hotel Las Américas, que provocó la muerte de tres personas, el abogado de dos de los sobrevivientes de ese hecho recordó que en la justicia boliviana hay una docena de denuncias de violación de derechos humanos y que fueron presentados por todos los acusados de ese entonces. Las denuncias quedaron inactivas o fueron rechazadas.

“Lo importante es determinar que todas las partes han denunciado los hechos, el año 2009 2010 no solo Mario (Tadic), Elöt (Tóásó), Juan Carlos Guedes, sino prácticamente todos han denunciado hechos ante el juzgado, incluso ante la comisión de diputados que había en ese entonces, la comisión multipartidaria, inclusive ahí denunciaron los hechos. Aquí lo importante es que en 2009 se han denunciado por varios lados y el Estado no hizo caso de nada”, Recordó Gerardo Prado, que patrocina el caso de torturas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madrugada del 15 de abril de 2009 se produjo una balacera en el hotel Las Américas y en ella fueron muertos Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. De ese operativo sobrevivieron Tóásó y Tadic, ambos fueron encarcelados y salieron libres en abril de 2015; poco después cruzarían la frontera boliviano-chilena y se refugiaron en Hungría.

“El Estado está en la obligación de investigar sin denuncia, porque es una obligación que es de oficio, eso dice la jurisprudencia de derecho internacional, tiene que investigarse de oficio cualquier denuncia, cualquier vestigio de violación de Derechos Humanos para que el Estado salve ahí responsabilidades y no se ha hecho”, recordó el abogado, que hoy reside en Perú.

Según sus palabras el caso que fue desenterrado el sábado pasado por una publicación del propio Tóásó estaba en los tribunales desde hace muchos años y quedó “dormido” porque las autoridades judiciales prefirieron ignorar las denuncias.

El juicio

“En atención a la Hoja de Ruta S-3308 FD SCZ, emitido por el Sr. Fiscal Departamental, en el que instruye procesar conforme a ley, en relación al SEPRET/DGE/650/2019, UTO/AP/453/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, de solicitud de investigación, presentado por Rosmery Peralta Luna abogado penal, de ‘SEPRET’ sobre publicación de prensa Digital ‘El País’ se describe en su titular ‘Caso Terrorismo, se habría procedido a obtener testimonios y confesiones de los únicos sobrevivientes (Toaso y Tadic) mediante torturas’”, indica la carátula del caso FIS-SCZ1912841.

Según este documento, al que accedió EL DEBER, la denuncia original fue presentada el 16 de mayo de 2013 y recién fue registrado el 26 de noviembre de 2019; es decir seis años después y, poco después de la renuncia de Evo Morales.

Entre el 13 de agosto de 2020 y el 9 de abril de 2024  se produjeron 112 “actividades” que describen memoriales, pedidos, incluso figura el rechazo del fiscal Francisco Mendoza Anibarro, quien rechazó el caso el 27 de agosto de 2020.

Figuran también los nombres de cuatro abogadas que realizaron el seguimiento del caso: Cinthia Ruiz Roca, Noemí Terán Cejas, Celidonia Sánchez Barba e Isabel Cruz Huallpa, quienes llevaron el caso entre 2020 y 2024.

El caso pasó por manos de cinco fiscales: Nardy Ávila Soliz, Delmy Guzmán Roda, Francisco Ramon Mendoza Anibarro, Ilssen Maruska Nava Llanos y Marioly Torrez Jurado; el investigador solo fue uno, Richard Flores Averanga.